Bogotá, D. C., 12 de febrero de 2024 @Personeriabta - Un total de 110 hallazgos, 53 con presunta incidencia disciplinaria, 17 con presunta incidencia fiscal, 3 con presunta incidencia penal y 37 administrativos encontró la Personería de Bogotá en la intervención de la malla vial local realizada en 2021 y 2022, que tuvo un presupuesto, en este periodo de 350 mil millones de pesos.
El Ministerio Público Distrital evidenció posible falta de planeación en los procesos contractuales en la mayoría de las localidades, lo que generó grandes retrasos en las obras, suspensiones, adiciones, prórrogas, exclusión o inclusión de segmentos viales a intervenir, mayores costos, cobro de sectores sin terminar y deficiente calidad en varios tramos entregados, entre otras.

La Personería realizó una muestra aleatoria visitando cerca de 255 segmentos viales, de los 1.803 contratados, encontrando graves retrasos en su ejecución en especial en las localidades de Antonio Nariño, Chapinero, Puente Aranda y Kennedy. También fisuras, empozamientos, mal estado o deterioro de algunos sectores intervenidos, como se observó en Barrios Unidos, Engativá y Rafael Uribe, entre otros, que dieron lugar a hallazgos disciplinarios y fiscales.

Improvisación

La mayoría de contratos no tenían claridad ni precisión de las vías y el tipo de intervención, lo que dio lugar a constantes modificaciones con el fin de excluir, incluir y adicionar segmentos viales, por falta de planeación y de estudios técnicos.

En Usaquén se excluyeron el 67 % de los segmentos viales contratados para su intervención. En Kennedy 50 tramos planeados no se intervinieron, sin que se conozcan los motivos.

En Barrios Unidos, Teusaquillo y Tunjuelito se incluyeron segmentos que debía llevar a cabo el Instituto de Desarrollo Urbano. En Ciudad Bolívar y Usme se quitaron varios sectores porque ya habían sido intervenidos en años anteriores, denotando falta de planeación. Casos cercanos ocurrieron en Rafael Uribe donde se descartaron tramos viales debido a que se encontraban en buen estado.

Demoras

De acuerdo con el informe de la Personería, las alcaldías locales suscribieron y adicionaron una serie de contratos de obra para la intervención de unos 1.803 segmentos viales, de los cuales a mediados de 2023, sólo habían intervenido 890, es decir, el 49 por ciento.

Las ejecuciones más bajas se presentaron en Antonio Nariño con 8 %, Chapinero 8.33 %, Puente Aranda 25 % y Kennedy 29.1 %, pese a la urgencia de la intervención de la malla vial, generando a los ciudadanos dificultades para su movilización.

Se encontró un alto número de suspensiones y prorrogas. En Antonio Nariño se prorrogó en un 100 % el plazo inicialmente acordado. En Chapinero se amplió en 6 oportunidades la suspensión del contrato de obra. Suba suspendió en 4 ocasiones el contrato y se prorrogó en una oportunidad. Rafael Uribe Uribe estipuló un plazo de 9 meses, pero llevan 40 en ejecución.

Entre tanto, en Fontibón suspendieron el contrato por incapacidad médica del jefe de presupuesto de la alcaldía local lo que generó retrasos en la intervención vial.

¿Sobrecostos?

En materia fiscal se establecieron presuntos pagos por encima del 50 % de los costos de las obras contratadas, como ocurrió en Los Mártires. En Rafael Uribe Uribe se pagó la interventoría por el 15 %, del valor del contrato de obra, cuando lo razonable en contratación pública es hasta un 10 %.

Las deficiencias en los estudios técnicos dieron lugar a mayores costos de las obras en Barrios Unidos, allí modificaron en un 90 % los costos de intervención y el cobro de segmentos viales sin terminar.

En Usaquén, Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Chapinero y Tunjuelito hubo intervención de segmentos que aún tenían, posiblemente, garantías vigentes.

En Engativá intervinieron sectores viales, al parecer, sin que se vieran las obras. Se detectó el pago de facturas sin afectar el anticipo y los costos de los materiales a utilizar en Puente Aranda; en esa localidad y en Antonio Nariño hubo adición de los contratos, pese al incumplimiento y retrasos de las obras. En Rafael Uribe Uribe hubo, presuntamente, pago de sobrecostos.

Más irregularidades
En Ciudad Bolívar fueron trasladados $1.500 millones del rubro de subsidios tipo C, presupuestados para la atención a adultos mayores, para adicionar el contrato de malla vial. También con recursos de la Secretaría de Ambiente se adicionó el contrato para incluir nuevos segmentos viales. Ambos cambios se realizaron sin la aprobación del comité de contratación y, lo más grave, sin soportes ni tener claro qué segmentos y por qué valores se iban a intervenir, pues no tenían estudio técnico ni de diseño.

Eso no es todo, en esa localidad realizaron cambios de tuberías, instalaciones hidrosanitarias, revisión y cambio de redes de acueducto y alcantarillado con el presupuesto destinado a la malla vial, sin el aval de la Empresa de Acueducto. Hasta se construyó un muro de contención con los recursos viales, al parecer, sin los soportes que justifiquen dichas inversiones.
En Rafael Uribe Uribe se advirtió la entrega de documentos, al ente de control, probablemente inexactos, lo que puede constituir una conducta penal.

En algunas localidades no hubo registro en el Secop II del trámite contractual. En Teusaquillo y Fontibón no se encontraron los documentos que soporten las modificaciones de las intervenciones de los segmentos viales. En Antonio Nariño no había soportes de la modificación de los segmentos viales a reparar o la documentación estaba incompleta tanto en el Secop II como en el contrato físico.

En Los Mártires no hay información y claridad de la ejecución contractual. En esa localidad y Bosa se encontraron pólizas que no cubren o no tienen la cobertura de la vigencia total del contrato.
En conclusión, se observaron deficiencias en el desarrollo de la política pública dirigida a mejorar la malla vial local e intermedia, situación que, posiblemente, lesiona el patrimonio público, pero también afecta a los capitalinos quienes ven limitada su movilidad, el acceso a sus casas o negocios, la calidad de vida y la efectividad y garantía de sus derechos.

Los resultados de estas acciones de prevención y control fueron trasladados internamente al eje disciplinario de la Personería, así como a la Contraloría de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación, para que de acuerdo a sus competencias, inicien los procesos que consideren procedentes.